CONFLICTO DEL CAMPO: RODRÍGUEZ SAÁ ENVIÓ SU OPINIÓN PERSONAL A LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

El Primer Mandatario de San Luis, emitió su opinión respecto al conflicto del campo, y lo puso en conocimiento de la Presidenta de la Nación a través de un fax enviado el viernes 23 de mayo a las 19:45:

Entre la dádiva y el derecho

Los especialistas en historia económica suelen destacar un fenómeno que estalló entre la segunda mitad del siglo XVII y los finales del XVIII: la extraordinaria magnitud de la transferencia de la renta agraria en beneficio de los monarcas centralistas y absolutistas, sus cortesanos, burocracias y aparatos militares. Así cobraron auge las grandes y lujosas “ciudades de residencia” de esas cortes –Viena, Londres, etc.- que comenzaron a atraer a las gentes empobrecidas del campo. Allí se inició la formación de esa enorme masa de indigentes y marginales, poco después convertidos en la verdadera “materia prima” del primer capitalismo industrial (el “capitalismo salvaje”) alimentado con el sacrificio de los “proletarios” –los que solo poseen “prole”- que una o dos generaciones atrás habían sido agricultores, chacareros. Estos proletarios terminaron siendo después presa fácil de los totalitarismos de izquierda y derecha que asolaron el sigo XX.
Los centralismos autoritarios se basan en la que podemos denominar “absorción monopolística de la renta” –aquella más importante, de más sencilla recaudación y que no pertenezca a los amigos o sectores de apoyo- no para redistribuirla (para esto sirve el sistema tributario normal o regular) sino para otorgar o regalar, según la lógica de la dádiva “clientelista”.
El régimen tributario en un sistema federal es coparticipable entre las provincias según los principios de proporcionalidad, equidad, solidaridad y automaticidad, y así lo garantiza el art. 75, inc. 2° de la Constitución. Esto supone que el gobierno central recauda por y para las provincias, con la finalidad de reasignar equitativa y solidariamente el producido de la recaudación entre ellas. Las retenciones –una gran máquina de succión de la renta agropecuaria- no son coparticipables, por lo que dañan al productor de dos maneras. Una directa, porque lo empobrecen, sometiéndolo a una carga impositiva total indudablemente confiscatoria. Otra indirecta, porque impide que la riqueza se vuelque sobre su provincia, en obras que también serán útiles para aumentar la propia riqueza agropecuaria, en un exponencial círculo virtuoso.
Por su parte la renta “monopolizada” por el poder central, autoritario y unitario, solo será “dada” (“dádiva”) a las gentes marginalizadas y pauperizadas previamente, y a los gobernadores amigos, aquellos que –mas por debilidad que por convicción- se hacen cómplices del sistema. Es la dádiva y no el derecho, el regalo y no la obligación, el amo que alimenta al perro, y no el administrador que busca el beneficio de los verdaderos propietarios de los bienes que administra.
Desde San Luis, en cambio, estamos exigiendo nuestro derecho, que es el derecho de nuestras mujeres y hombres del campo, pero también de las ciudades, ya que el campo, inevitablemente, enriquece a la industria y el comercio. Exigimos por la vía civilizada de la demanda ante la Corte Suprema de Justicia, que es nuestra garantía de juridicidad federal y de respeto por lo que las provincias pactamos en la reforma constitucional de 1994, porque las provincias somos los componentes de la Nación Argentina y vehículos de representación de su Pueblo, como lo declara el Preámbulo de la Constitución Nacional. Alberto Rodríguez Saá