Muchas dudas entre los dirigentes del campo
Tras el ruido de las cacerolas que se extendió en la Ciudad de Buenos Aires y diversos puntos del interior, comenzaron a tejerse todo tipo de especulaciones sobre la postura del Gobierno en torno al conflicto con el agro que está a punto de cumplir 100 días.Finalmente, la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, anunció en cadena nacional que será en el ámbito del Congreso donde se debata el proyecto oficial de retenciones móviles.
Si bien la mandataria defendió las facultades presidenciales de modificar los derechos de exportación a la soja y otros granos, indicó que la medida es para "darle más democracia a la democracia".
Mientras la Cámara Baja y el Senado traten el proyecto oficial que giró el martes por la tarde el Gobierno, el esquema de retenciones móviles seguirá vigente, según anunció la mandataria en Casa Rosada.
Paralelamente a este anuncio, desde el Predio de Palermo de la Sociedad Rural Argentina (SRA), los dirigentes del campo nucleados en la Comisión de Enlace, valoraron la decisión oficial. Sin embargo, tras una reunión que se extendió por más de tres horas, decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 15 para decidir el futuro de la protesta.
Claves del proyectoSegún recalcó el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, las retenciones no fueron eliminadas con el anuncio: "El Ejecutivo no deroga la ley, va ponerle en debate en el Congreso de la Nación. No podemos eliminar la retención porque de esa manera estaríamos atentando contra la democracia", sostuvo Fernández.
El proyecto, que ratifica la resolución que estableció las retenciones móviles y contempla la conformación del Fondo de Redistribución Social para la construcción de viviendas y hospitales, comenzaría a ser debatido en la Cámara de Diputados la semana próxima, según anticiparon fuentes legislativas.
La iniciativa oficial, que contiene ocho artículos y diez carillas, fue firmada en la noche del martes por la presidenta Cristina Fernández; el jefe de Gabinete, Alberto Fernández y el ministro de Economía y Producción, Carlos Fernández.
Los siguientes son los principales puntos y artículos del proyecto:
Se "ratifican las resoluciones de Ministerio de Economía y Producción números 125 del 10 de marzo de 2008, su modificatoria 141 del 13 de marzo de 2008, su derogatoria 64 del 30 de mayo de 2008, y sus complementarias 284 y 285 del 18 de abril de 2008.
Se crea "el Fondo de Redistribución Social con la finalidad de financiar la construcción, ampliación, remodelación y equipamiento de hospitales públicos y centros de atención primaria de la salud; la construcción de viviendas populares en ámbitos urbanos o rurales y la construcción, reparación, mejora o mantenimiento de caminos rurales.
"El Fondo a crearse estará compuesto por los fondos recaudados y a recaudarse correspondientes a 2008 y 2009, en concepto de derechos de exportación a las distintas variedades de soja y sus derivados que superen el treinta y cinco por ciento neto de las compensaciones que fijan las resoluciones del Ministerio de Economía y Producción números 284 y 285 del 18 de abril de 2008.
La administración del fondo estará a cargo de los Ministerios de Salud, de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. La ejecución de las obras se realizará en forma descentralizada, mediante la ejecución de convenios con las provincias o municipios del lugar donde se ubiquen.
"Proponemos la creación a través del adjunto proyecto de ley, del Fondo de Redistribución Social, conformado con la recaudación obtenida en concepto de retenciones que supere el treinta y cinco por ciento para cubrir la misma finalidad que hoy prevé el Programa de Redistribución Social".
"Se destinarán sesenta por ciento para hospitales públicos y salas de atención primaria de la salud; veinte por ciento para viviendas populares y veinte por ciento para caminos rurales".
"Es impensable una mejora en la distribución del ingreso, es decir, una mejora en los ingresos de los más humildes, si no mejora la participación de los asalariados en el ingreso nacional y sino se multiplica la inversión pública".
"Con la clara finalidad de estabilizar los precios internos a niveles convenientes, mantener un volumen de oferta adecuada a las necesidades del mercado interno y asegurar un máximo posible de valor agregado en el país con el fin de obtener un adecuado ingreso para el trabajo nacional, se modificaron derechos de exportación vigentes para la soja, el girasol, el maíz y el trigo y sus derivados".
Muchas dudas entre los dirigentes del campoLos ruralistas confirmaron que el paro de comercialización de granos iniciado el domingo finalizará el miércoles a la medianoche, aunque no se arriesgaron a decir si luego será levantado.
Al respecto, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, señaló que "hay que consultar a las regiones" y que "uno tiene la percepción de que nadie quiere irse a su casa a cambio de nada".
"Estamos preocupados, no sea que el contenido (del proyecto) sea una trampa", admitió Buzzi, quien consideró necesario que haya "tiempo para la discusión" del proyecto con los legisladores.
En ese sentido, según informó DyN, precisó que hay buscar que el contenido de la resolución sea modificado "para que no sea funcional a los fideicomisos y pools".
Por su parte, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías, advirtió que "valora" el anuncio del Gobierno, pero que "no nos hace olvidar otros problemas".
"Queremos que se convoque a una mesa de concertación" para considerar la problemática del trigo, la leche, la carne y las economías regionales, señaló.
Llambías expresó su deseo de que el proyecto "sea debatido y no solamente aprobado a libro cerrado" y que "si tiene que haber correcciones, que sea corregido".
En ese sentido, adelantó que se pedirán audiencias con los presidentes de las dos cámaras legislativas y se advertirá sobre la "ilegitimidad e inconstitucionalidad" de la norma, porque "se ha modificado el sistema al pasarse de (retención) fija a móvil".
En referencia a lo que denominó "una confiscación", Llambías sostuvo que el propósito del aumento de las retenciones "es hacer caja, porque (el dinero que se espera recaudar) es la mitad de lo que cuesta el tren bala".
Por su parte, el presidente de Coninagro, Fernando Gioino, manifestó el interés de que se le dé "participación" al campo en el debate del proyecto, al tiempo que alertó que "en esta curva de retenciones también están el trigo, el maíz y el girasol", además de la soja.
El campo le sigue "negando" más de u$s4.000 M al EstadoLa falta de certidumbre sobre el futuro de la protesta genera preocupación en el Gobierno.
Sucede que, según cálculos oficiales, actualmente hay en stock unos 64 millones de toneladas de granos en el país.
De ese total, 39,6 millones corresponden a soja. De este modo, durante los meses del conflicto se levantó casi la totalidad de la cosecha de la oleaginosa (47,2 millones de toneladas), pero el grueso aún está fronteras adentro: 16,2 millones las tienen las cerealeras e industrias, y unas 23,4 millones están en poder del productor o acopio.A precios actuales, el stock que tienen los productores equivale a unos u$s10.900 millones.
Por lo tanto, una vez que se exporte ese volumen, el campo recibiría unos u$s6.300 M, mientras que al Estado le corresponderían más de u$s4.000 M en concepto de retenciones, dinero que por ahora, continuará guardado en forma de porotos en las silobolsas.
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