Con enorme preocupación vemos avanzar un proyecto de ley de modificación de la ley conocida como manejo del fuego (Ley 26.815), donde en ella se generan sanciones gravísimas para los productores titulares de la tierra que sufren un incendio, que se suman al hecho de ver quemados sus campos.
El proyecto en cuestión, no distingue entre incendios provocados e intencionales y tampoco si fueron provocados por terceros ajenos al titular del predio, es decir se iguala sin distinción de responsabilidades, siendo siempre víctima del castigo propuesto el titular registral del inmueble.
Llama la atención la manifiesta intencionalidad de la norma que pretende ejemplificar bajo el supuesto ideológico que los propietarios queman sus campos, cosechas e instalaciones para hacer negocios futuros.
Cuesta entender la razonabilidad política del proyecto que parece inspirarse en el desconocimiento de lo que sucede con los incendios o peor aún por el desprecio a encontrar soluciones al verdadero problema de los incendios y sus causas reales.
Sólo por mencionar unos ejemplos, este año en la provincia de Formosa se han quemado más de 500.000 hectáreas, zonas de pastizales, montes bajos, sotobosques, producto de la sequía. En Córdoba, se han incendiado casi 200.000 hectáreas en su mayoría de zonas serranas sin valor productivo y mucho menos inmobiliario, zona de bosque nativo, aplicándose esta nueva ley sería muy difícil de reparar el sistema vegetativo que se quemó.
CRA insta a los señores Diputados y Senadores a rechazar esta modificación normativa, carente de razonabilidad y con un doble castigo a quien ha sufrido un incendio, que, como se ha demostrado muchas veces obedece a la intencionalidad de terceros.
Reformar una ley debe ser siempre la búsqueda de una norma superadora y no un acto de irracionalidad política fundado en prejuicios inaceptables.
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